Vista desde una perspectiva política amplia, la movilización del miércoles pasado a Plaza de Mayo les ha dejado, tanto a Hugo Moyano como al Gobierno nacional, un extraño sabor amargo que no les permite sentirse satisfechos ni con el éxito ni con el fracaso. El camionero ratificó el poder de convocatoria que tiene sobre su propio gremio, se plantó como un líder capaz de levantarle la voz a la Presidenta desde el mismo espacio que hasta hace poco compartían, y produjo quizás su último esfuerzo de seducción hacia el interior de la CGT para seguir conduciéndola. Pero su mismo protagonismo se encargó de mostrarle límites que no podrá superar.
La soledad a la que lo sometió la mayoría de los dirigentes gremiales reconoce dos razones: la presión de la Casa Rosada y la oportunidad de revancha que muchos advirtieron. “Usó para su beneficio personal el poder que le ayudó a construir Néstor Kirchner, en vez de fortalecer a todas las organizaciones”, se relamía el jueves el jerarca de un sindicato al que Moyano le arrebató afiliados. Aquella soledad reafirma que desde el 12 de julio la ruptura será orgánica y la CGT quedará otra vez dividida.
Si el camionero tenía expectativas de convertirse en referente político de otros sectores, o de ampliar su liderazgo a nichos de la clase media agobiados por el impuesto a las Ganancias, las señales no llegaron más allá de compartir los motivos de la protesta. La política parece ser hacia el futuro un terreno sembrado de espinas para Moyano.
Notificados
En medio de los serios problemas que exhibe la economía por razones más propias que ajenas -hay una creciente conflictividad social-, la plaza de Moyano le informó al Gobierno que hay un nuevo enemigo cuyo poder sindical se achica pero su capacidad de daño sigue intacta. El transporte por las rutas del país es la llave que abre o cierra el abastecimiento, factor clave para la paz social. Esa llave, por un buen tiempo, la seguirá teniendo Hugo Moyano.
El descalabro financiero que hoy presentan las cuentas fiscales obliga al Gobierno a extremar la búsqueda desesperada de recursos. Por eso no solamente no modificará por ahora la escala de Ganancias, sino que irá por más en la ampliación de la masa tributaria. Ahora la Justicia no sólo está en la mira por cuestiones políticas sino también económicas.
El titular de la Anses, Diego Bossio, está al frente de la avanzada contra los jueces, y quien coordina la búsqueda de un instrumento jurídico es el ex senador y actual diputado oficialista Eric Calcagno. El legislador preside la Comisión Bicameral de Control de los Fondos del Sistema Previsional y el pasado 15 de mayo Bossio concurrió a pedirles a sus integrantes, en nombre de la Presidenta, terminar con los regímenes “de privilegio”. Le apuntó a dos en especial: el que tiene el Poder Judicial y el que se genera por los fallos judiciales en contra de la Anses.
Para la Corte Suprema de Justicia Bossio es poco menos que un “desacatado”. Al joven economista le molesta que lo citen periódicamente para que informe sobre los motivos por los cuales la Anses no paga las sentencias de los numerosos juicios de jubilados que iniciaron acciones derivadas del “caso Badaro”. Y a los ministros de la Corte los incomoda que Bossio no responda o lo haga con vaguedades. El Gobierno, además de modificar el régimen jubilatorio de los jueces, quiere que éstos paguen el impuesto a las Ganancias.
Tironeos
La embestida tiene otros condimentos. Como la Constitución Nacional establece la intangibilidad de los sueldos de los magistrados, el Gobierno pretende que la obligación de pagar Ganancias surja de una acordada de la Corte. Tres fuentes cercanas a los supremos confirmaron que el tema se conversa pero que no ha habido presión del Ejecutivo sobre ellos y que no existe ningún proyecto de acordada. Es más, aseguran que si bien hay opiniones diferentes, la mayoría sostiene que cualquier modificación debería hacerse por una ley -no con una acordada-, y contemplando que eso no provoque disminución en el ingreso de los jueces.
Esto significa que a la cuestión debería definirla el Congreso. En lo que sí parece haber una cerrada negativa de los magistrados, es en que se modifique el régimen jubilatorio del que gozan. Pero la jugada gubernamental es a dos puntas. Con sus intenciones ejerce presión para que muchos jueces se retiren ahora, dejando lugares vacantes que rápidamente son ocupados por postulantes identificados con el pensamiento oficial. Negocio redondo.
